La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha exigido hoy “responsabilidades” al Ayuntamiento de Madrid por dejar “desamparados” a los inquilinos de viviendas sociales en Villa de Vallecas, después de que sus hogares —hasta ahora gestionados como alquiler social por la Fundación “la Caixa”— hayan sido vendidos a un fondo de inversión, poniendo en riesgo la continuidad de cientos de familias.
Maroto ha alertado de que estos hechos “no son un caso aislado”, sino que se están repitiendo en distintos barrios de la ciudad. “Estamos ante un patrón de especulación que amenaza la función social de la vivienda. El Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado”, ha afirmado.
La portavoz ha avanzado que el Grupo Municipal Socialista presentará en el próximo Pleno de Cibeles una proposición que incluye cuatro ejes clave para frenar estas operaciones y garantizar el derecho a la vivienda:
Intermediación institucional inmediata
El Ayuntamiento, a través del Área de Políticas de Vivienda, deberá habilitar una vía de mediación para proteger a las familias afectadas por las operaciones de la Fundación Fusara y la Fundación “la Caixa”, garantizando la continuidad del uso residencial y evitando desahucios.
Creación de un Protocolo Municipal de Protección
Un mecanismo estable con herramientas de información, mediación, acompañamiento y evaluación social para anticiparse a futuras operaciones especulativas y asegurar que los vecinos no pierdan su hogar.
Ejercicio obligatorio del derecho de tanteo y retracto
El PSOE reclama que la EMVS y el Ayuntamiento actúen de forma prioritaria para adquirir edificios o conjuntos residenciales con alquileres sociales en riesgo, incorporándolos al parque público de vivienda.
Nueva Oficina Municipal de Seguimiento de Vivienda Social
Este organismo, dependiente del Área de Políticas de Vivienda, se encargará de registrar, supervisar y emitir informes sobre el cumplimiento de la función social de la vivienda en toda la ciudad.
“La vivienda es un derecho constitucional, no un activo especulativo”
Maroto ha subrayado que estas medidas permitirían “anticipar nuevas operaciones, evitar desahucios y blindar la vivienda social de Madrid”, recordando que muchas de estas promociones se construyeron en suelo público y que el Ayuntamiento tiene la obligación de garantizar su función social.
“Es una iniciativa rigurosa y necesaria. No podemos permitir que decenas de familias se queden en la calle por falta de intervención pública. Madrid necesita proteger lo que ya tiene, evitar nuevos pelotazos urbanísticos y asegurar vivienda asequible real”, ha concluido.
