La decisión adoptada por el concejal presidente de Hortaleza podría suponer una vulneración de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, entre ellos la libertad de expresión, la libertad de reunión y el derecho a la participación política, pilares esenciales de cualquier democracia.
El concejal socialista Jorge Donaire ha manifestado su profunda preocupación ante la posible desviación de poder y la arbitrariedad con la que ha actuado el concejal presidente del distrito de Hortaleza, David Pérez, al denegar el uso de un espacio municipal a la Asociación Vecinal La Expansión de San Lorenzo.
Ante la gravedad de los hechos y las dudas razonables que suscita esta decisión, el Grupo Municipal Socialista está preparando la presentación de una denuncia ante la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, con el objetivo de que se investigue si la actuación del concejal se ajusta a los principios de legalidad, transparencia y buen gobierno que deben regir la actuación de cualquier administración pública.
Donaire ha señalado que “negar el acceso a un espacio público a una asociación vecinal sin una base normativa clara es una decisión profundamente preocupante y que debe ser analizada con rigor, porque los equipamientos municipales son de toda la ciudadanía y no pueden utilizarse de forma arbitraria”.
Desde el Grupo Municipal Socialista consideran que la decisión adoptada podría suponer una vulneración de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, entre ellos la libertad de expresión, la libertad de reunión y el derecho a la participación política, pilares esenciales de cualquier democracia. Negar el acceso a un espacio público a una entidad vecinal por motivos que no se sostienen jurídicamente no solo limita la actividad asociativa, sino que también envía un mensaje preocupante sobre el uso partidista de los recursos públicos.
“Resulta especialmente grave que esto ocurra precisamente bajo un gobierno del Partido Popular, que se presenta constantemente como defensor de los derechos constitucionales. No se puede invocar la Constitución de forma retórica mientras se adoptan decisiones que restringen derechos tan básicos como la libertad de expresión o de participación ciudadana”, ha afirmado Donaire.
Asimismo, los socialistas entienden que se ha realizado una interpretación errónea y restrictiva del principio de neutralidad de los poderes públicos, utilizándolo como argumento para impedir la actividad de una asociación vecinal cuya finalidad es legítima y plenamente compatible con la participación ciudadana en la vida pública.
A ello se suma lo que consideran una interpretación arbitraria de los fines de la asociación, así como una denegación que carece de una normativa concreta y clara que la sustente, lo que refuerza las dudas sobre la motivación real de la decisión adoptada.
“Cuando una administración toma decisiones que limitan derechos y además lo hace sin una base normativa clara, es obligación de la oposición exigir explicaciones y acudir a los mecanismos de control institucional”, ha añadido el edil socialista.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista considera que existen indicios suficientes para que el caso sea analizado por la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, organismo encargado de inspeccionar y comprobar posibles casos de fraude o aprovechamiento irregular derivados de actuaciones que afectan a la probidad administrativa, a la confianza pública y al buen funcionamiento del sector público municipal.
Los socialistas han reiterado que seguirán defendiendo la transparencia, la legalidad y el respeto a los derechos de la ciudadanía y del tejido asociativo, recordando que “los espacios públicos son de todos y no pueden utilizarse como herramientas de exclusión o control político”.
