Reyes Maroto: «Con esta ley del pelotazo, el Partido Popular está poniendo Madrid en venta».
El Grupo Municipal Socialista ha presentado sus alegaciones al anteproyecto de la nueva Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (Ley LIDER) impulsada por la Comunidad de Madrid, denunciando que el texto supone un cambio de modelo que vulnera las competencias y autonomía municipales, reduce el control público del modelo territorial y agrava la crisis de acceso a la vivienda.
Desde el grupo socialista se advierte de que la norma plantea una transformación profunda del sistema urbanístico, sustituyendo la planificación global de las ciudades por un modelo fragmentado, más flexible, pero con menos garantías. Este enfoque abre la puerta a actuaciones aisladas, promovidas incluso por intereses particulares, sin una visión de conjunto ni una evaluación adecuada de su impacto en el territorio, las infraestructuras o la calidad de vida de la ciudadanía madrileña.
Uno de los aspectos más preocupantes señalados en las alegaciones es el retroceso en materia de vivienda pública. Según señala el grupo socialista, el anteproyecto elimina o debilita las reservas obligatorias de vivienda protegida que hasta ahora garantizaban la incorporación de vivienda asequible en los nuevos desarrollos urbanísticos. Asimismo, reduce las cesiones públicas y no establece mecanismos eficaces para vincular el incremento de valor del suelo a la generación de vivienda protegida.
“El acceso a la vivienda en Madrid es una emergencia social. Y esta ley no solo no aporta soluciones, sino que desmantela las pocas herramientas eficaces que existen para garantizar una vivienda pública. Es un paso atrás inaceptable”, señala la portavoz socialista Reyes Maroto.
Para Maroto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid con este anteproyecto “está renunciando deliberadamente a impulsar vivienda protegida. Está dejando el acceso a la vivienda en manos del mercado, priorizando el interés de los promotores inmobiliarios y favoreciendo la especulación. Con esta ley del pelotazo, el Partido Popular está poniendo Madrid en venta,” ha subrayado.
Para la portavoz socialista, resulta “incomprensible que el señor Almeida, que no deja de hablar de vivienda, permanezca callado ante una ley que reduce la vivienda protegida y limita la capacidad del Ayuntamiento para actuar”.
Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista denuncia que el anteproyecto supone una invasión clara de las competencias municipales, relegando a los ayuntamientos a un papel secundario y concentrando el control urbanístico en la Comunidad de Madrid.
Una pérdida significativa de competencias municipales, que, según denuncian los socialistas, quedan relegadas a un papel residual frente a la Comunidad de Madrid. El anteproyecto concentra el control en la administración autonómica y reduce la capacidad de los ayuntamientos para decidir sobre su propio modelo de ciudad, lo que supone un cuestionamiento de la autonomía local reconocida constitucionalmente.
“Con esta ley, el Ayuntamiento de Madrid pierde capacidad para decidir sobre su propio modelo de ciudad. Se vacía de contenido la autonomía municipal y se recentraliza el urbanismo en la Comunidad. Almeida está vendiendo el poder de los madrileños y madrileñas para que la señora Ayuso haga lo que considere con el territorio”, ha señalado Maroto.
Además, el Grupo Municipal Socialista denuncia que la ley supone un debilitamiento del control democrático del urbanismo, al reducir los espacios de participación ciudadana y limitar los mecanismos de control técnico y jurídico. La simplificación administrativa planteada se traduce, en la práctica, en menos transparencia y menos garantías.
En conjunto, el Grupo Municipal Socialista considera que la Ley del Suelo propuesta no responde a las necesidades actuales de la ciudadanía madrileña y representa un retroceso en políticas públicas relevantes como vivienda. Por ello, solicita la retirada del anteproyecto y abrir un proceso de revisión que garantice un urbanismo más equilibrado, sostenible y orientado a ofrecer herramientas para garantizar una vivienda pública.
