La anulación de la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid no es solo un revés judicial, sino el reflejo de una gestión improvisada y poco transparente por parte del gobierno Almeida.
Una medida que ha terminado evidenciando fallos graves en su tramitación, una nueva ‘chapuza’ de Almeida que obliga a los madrileños a pagar por una ordenanza mal diseñada.
Ahora, con la justicia corrigiendo al Consistorio, queda en el aire si el Ayuntamiento asumirá responsabilidades o volverá a trasladar el coste de sus errores a la ciudadanía.
¿Qué ha pasado con la tasa de basuras?
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la tasa de basuras aplicada por Almeida por “defectos sustanciales” en su tramitación. Es decir, no es un error menor: el propio proceso de aprobación estaba mal hecho.
¿Qué falló exactamente?
El Ayuntamiento aprobó la tasa sin publicar información clave sobre cómo se calculaba. Es decir, pidió a los madrileños que pagaran sin explicar bien por qué ni cómo se fijaban los importes. No es un matiz técnico: es una enmienda a la totalidad a cómo el gobierno de Almeida hace las cosas.
¿Cómo se traduce esto en la práctica?
En algo muy claro: falta de transparencia. Y no una falta menor, sino lo suficientemente grave como para que un tribunal anule toda la medida. Ya que considera que se produjo una “indefensión material” de los ciudadanos: no podían opinar ni recurrir con toda la información sobre la mesa. Los madrileños pagan ahora las consecuencias de esta ‘chapuza’ de Almeida.
¿Qué responsabilidad tiene el Ayuntamiento?
El Ayuntamiento se apoyaba en la ley estatal que obliga a aplicar el principio de “quien contamina paga”. Pero el tribunal deja claro algo básico: cumplir la ley no te permite saltarte los procedimientos y esto es competencia directa de Almeida.
Más que la tasa, lo que falla es la gestión de Almeida. Esta tasa parece una herramienta recaudatoria mal construida.
Y ahora, ¿quién puede recuperar el dinero?
En el PSOE lo tenemos claro: estamos exigiendo que se devuelva el dinero a todos los madrileños y madrileñas, no solo a quienes recurrieron.
¿Por qué?
Porque consideramos que no se puede cargar sobre la ciudadanía el coste de una mala gestión política.
Si la tasa estaba mal hecha, el error no lo deben pagar los vecinos.
En resumen, los madrileños y madrileñas hemos pagado una tasa de basuras que nunca debió aplicarse así. Y ahora, la gran pregunta es si el gobierno de Almeida asumirá responsabilidades… o si, una vez más, serán los vecinos quienes carguen con el coste de su error.
