Desde el grupo socialista solicitan que se devuelvan de oficio el importe de la tasa y hagan una ordenanza que cumpla con la normativa para dejar de perjudicar a los ciudadanos de esta ciudad.
El Grupo Municipal Socialista presentará una pregunta en todas las Juntas Municipales de Distrito con el objetivo de exigir explicaciones al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida tras el reciente varapalo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha anulado la Ordenanza reguladora de la Tasa de Gestión de Residuos Urbanos de 2025.
La iniciativa busca esclarecer cómo el Ejecutivo municipal tiene previsto resarcir a los madrileños y madrileñas ante una situación que ha generado incertidumbre y malestar en todos los distritos. Además, el PSOE exigirá responsabilidades políticas por lo que califica como una auténtica “chapuza administrativa” en la gestión de esta tasa.
“Los vecinos y vecinas de Madrid merecen saber qué ha ocurrido y, sobre todo, cómo piensa el Gobierno municipal corregir esta situación y evitar que vuelva a suceder”, señala la portavoz adjunta Enma López. López insiste en la necesidad de “que el gobierno municipal devuelva de oficio el importe de la tasa y hagan una ordenanza que cumpla con la normativa para dejar de perjudicar a los ciudadanos de esta ciudad y garantizar una gestión justa y ajustada a derecho”, ha destacado.
La sentencia del TSJM pone de manifiesto la falta de transparencia en el cálculo del tributo y confirma las advertencias realizadas por el Grupo Municipal Socialista desde su aprobación: “Era una tasa cara e injusta, y ahora sabemos que también es ilegal”, insiste López.
En este sentido, los socialistas preguntarán en todos los distritos cómo afecta esta anulación a los vecinos y vecinas, así como si el Gobierno municipal va a devolver de oficio las cantidades abonadas o, por el contrario, obligará a cada ciudadano a iniciar reclamaciones individuales, con el consiguiente colapso administrativo y perjuicio añadido.
Asimismo, exigirán al Ejecutivo de Almeida que aclare si recurrirá la sentencia, lo que podría aumentar la inseguridad jurídica, y qué ocurrirá con la ordenanza prevista para 2026, que, según denuncian, reproduce los mismos errores que han motivado esta anulación.
