- El departamento de recogida de residuos municipal no informa del hallazgo de una mascota muerta, aunque tenga chip
- Desconocen la obligación legal de hacerlo, pese a ser un artículo de la Ley de Protección de los Animales de compañía de la Comunidad de Madrid
Madrid, 18 de noviembre de 2020.- El concejal socialista Ramón Silva ha solicitado que se actualicen las Ordenanzas Municipales para que los dueños de animales domésticos que pierden a su mascota y la encuentran muerta, “puedan por lo menos asumir la gestión de sus restos y realizar el duelo con tranquilidad”.
Denuncia que, aunque la Ley 4/2006 de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid, establece que “la retirada de animales muertos en carreteras o vía pública se realizará previa comprobación de su identificación y aviso a su propietario, en su caso”, el PSOE ha comprobado que el Ayuntamiento no cumple esta normativa.
Explica que a un vecino, cuyo perro apareció muerto en la vía pública, en el departamento de recogida de residuos del Consistorio le dejaron claro que, “aunque tenga chip ellos no comunican al propietario el hallazgo del animal” y que, además, “desconocen la obligación legal de hacerlo”.
Este mismo vecino avisó al 112 y al RIAC (Registro de Identificación de Animales de Compañía), donde “ni le respondieron ni le informaron”, de modo que “imponemos obligaciones a los ciudadanos cuando, como institución, incumplimos las nuestras y sumamos al dolor por la pérdida de una mascota el sufrimiento de la desinformación”.
En la ciudad de Madrid hay registrados más de 370.018 animales domésticos solo de especie canina o felina, los más habituales, por lo que sería razonable que el Ayuntamiento cumpla las normas que les son aplicables de manera eficiente.
El Consistorio dispone de una Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de los Animales y otra de Recogida de Residuos que expresamente regulan el proceso a seguir en el caso de aparición de animales muertos en vía pública. La actual ordenanza no se ha actualizado en consonancia con la Ley 4/2006, a pesar de que el Ayuntamiento ha sido requerido para hacerlo en 2019 por la Comunidad de Madrid.
