· El juez ha recogido fielmente los argumentos socialistas en contra de la ampliación del SER
· El PSOE pedirá un informe jurídico que determine las consecuencias de la sentencia
· David Lucas a Gallardón: “¿Qué ocurre con el dinero cobrado indebidamente por el Ayuntamiento? ¿Y con el que se ha pagado a las empresas concesionarias?”
Madrid, 2 de octubre de 2008.- El Grupo Municipal Socialista estima que los madrileños han pagado 206 millones de euros en los dos últimos años por la ampliación del Servicio de Aparcamiento Restringidos (SER) que acaba de ser declarado nulo por el juzgado contencioso administrativo de Madrid. El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, ha lanzado varias preguntas relacionadas con esta sentencia y dirigidas directamente al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón: “¿Qué ocurre con el dinero cobrado indebidamente por el Ayuntamiento? ¿Y con el que se ha pagado a las empresas concesionarias?”. Lucas quiere que el alcalde responda a estas y otras preguntas.
La pésima situación financiera del Ayuntamiento, “fruto del derroche y la mala gestión de Gallardón”, según Lucas, puede agravarse aún más tras la sentencia judicial en la que declara nulo el acto de ampliación de los aparcamientos restringidos a nuevos barrios. Según los primeros cálculos realizados por los socialistas, los madrileños afectados por la medida pagaron a lo largo de 2007 30,5 millones de euros por la compra de tiquets, 2.100.000 por obtener tarjetas de residentes y 31 millones por las multas. A esta cantidad hay que añadir el canon pagado por el Ayuntamiento a las concesionarias. La suma total de la implantación del SER en los últimos dos año alcanza la cantidad de 206 millones.
Mal comienzo
La ampliación de los parquímetros más allá de los límites de la M-30 empezó con mal pie. Los vecinos del casco antiguo de Carabanchel Alto, Carabanchel Bajo, Fuencarrar, Hortaleza, los barrios de Imperial, Acacias, Ciudad Jardín, Chopera, El Viso y la Paz, entre otros, se levantaron contra una medida que consideraban injusta y que complicaba los problemas de aparcamiento donde no había habido problemas nunca.
El PSOE consideró ilegal todo el proceso. La forma cómo se había tomado la decisión, mediante un decreto del concejal de Seguridad, como la empresa concesionaria, Hixienes S.A. una pequeña empresa con un capital social de 3.000 euros, constituida un poco antes de la contratación del servicio. Tampoco le convencían las circunstancias que rodearon la contratación y por todos esos motivos presentó un recurso en abril de 2006 sobre el que se ha pronunciado el juez declarando nulo el servicio.
David Lucas asegura que han pedido un estudio jurídico que determine las consecuencias de la sentencia tanto para los vecinos como para el Ayuntamiento. Por el momento, recomiendan a los madrileños que se atengan a la legalidad, cumpliendo la ordenanza, al tiempo que les animan a reclamar el cobro de los aparcamientos.
“Si Gallardón fuera listo, suspendería la medida para no ampliar más el problema, pero me temo que eso no es lo que ocurrirá y seguiremos viendo al alcalde prepotente”, manifestó Manuel García Hierro, concejal socialista encargado de los asuntos de Movilidad, que ha acompañado a Lucas en la rueda de prensa.
Información vecinal
A pesar de que el Ayuntamiento ha anunciado que recurrirá la sentencia, los socialistas piensan que finalmente los tribunales fallarán en contra del SER y para entonces el perjuicio creado a los madrileños será aún mucho mayor. Lucas ha recomendado a los ciudadanos que guarden los recibos para posibles reclamaciones.
Según los primeros cálculos del PSOE, el dinero cobrado indebidamente durante los últimos dos años tanto por los tiquets, las tarjetas de residentes y las multas superan los 206 millones de euros. A lo cual hay que añadir el montante entregado por el Ayuntamiento a la concesionaria.
La sentencia judicial ha recogido de manera casi literal la argumentación socialista en contra de la validez de un decreto del concejal para aplicar el SER más allá de los límites determinados por la ordenanza. ”Decisiones así corresponden tomarlas a toda la Corporación en el Pleno municipal”, aclaró Lucas.
García Hierro se mostró satisfecho, porque los jueces hayan dado la razón a las tesis socialistas y anunció que “aún veremos que se cumplen más cosas de las que hemos advertido que ocurrirían”. Precisó que “la decisión del alcalde era ilegal y que Hixienes no tenía capacitación técnica”.
Lucas ha informado de que su grupo político desarrollará en los próximos días una campaña para informar a los 700.000 vecinos que habitan la zona de ampliación del SER sobre la sentencia judicial y qué pueden hacer para salvaguardar sus derechos.
Deuda y derroche
La nulidad del SER se produce en un momento en que el Ayuntamiento sufre una crisis financiera que hace que cada día los madrileños tengan que pagar 750.000 euros a bancos privados por la deuda. “Una deuda de 6.366 millones de euros fruto de la insconsciencia y el derroche del alcalde”, según Lucas, que ha anunciado que su grupo político pedirá la comparecencia del alcalde en el próximo pleno para que dé explicaciones de esta situación.
El portavoz socialista le dice a Gallardón que no se excuse en la crisis económica ni en la financiación estatal. “Es fruto exclusivo de su derroche, de sus contrataciones millonarias de personal, de la publicidad para su autobombo, de no cumplir las condiciones de contratación y del derroche general. Y el alcalde debería dar la cara ante los madrileños”.
Petición a Gallardón para que cese a Henríquez de Luna
Lucas recuerda que también pidió al alcalde que cesara en su puesto al concejal Íñigo Enriquez de Luna, presidente de la Junta Municipal de Salamanca, que hace unos días declaró por posibles irregularidades en la concesión de licencias a la empresa Becara. “Salamanca es un ejemplo a no seguir. Es una Junta que no funciona y no ha funcionado nunca. Ya le pedimos la dimisión al concejal y al alcalde que le cese”
