• Lissavetzky acusa a la alcaldesa de “ocultar documentación que es pública y faltar a la verdad”
• Si Botella ya conocía que las ofertas de las empresas contemplaban la disminución de puestos de trabajo, “la alcaldesa y su delegado de Medio Ambiente tienen que dimitir”
• “¿Es una incapacidad? ¿Es que Ana Botella y su delegado de área no saben lo que firman? ¿O es un engaño más?”, se ha preguntado
Madrid, 14-nov-‘13
Cumplidos diez días de la huelga de limpieza viaria en Madrid, los madrileños no conocen los detalles del cambio de modelo de contratación que ha originado el conflicto. El grupo municipal socialista ha pedido reiteradamente equipo de Gobierno copias de las ofertas que presentaron las distintas empresas aspirantes a gestionar el servicio. No ha obtenido respuesta alguna. Hoy, el portavoz del PSOE en el Consistorio, Jaime Lissavetzky, ha explicado que su grupo ha requerido, una vez más, los documentos en el registro municipal, estableciendo un plazo de cinco días para su entrega. En caso contrario, ha añadido, el PSOE se verá obligado a recurrir a un notario para extraer la información que se les niega.
Para Lissavetzky, las ofertas presentadas por las empresas son claves en esta cuestión, ya que servirán para dirimir si la alcaldesa Ana Botella ha obrado con incapacidad o, por el contrario, ha mentido directamente a los madrileños. “Si además de ocultar información, ha mentido, tanto la regidora como el delegado del área de Medioambiente, Diego Sanjuanbenito, deben dimitir mañana mismo”, ha subrayado.
En el pliego de condiciones que marcaba la información que debían presentar las empresas aspirantes se especifica que uno de los elementos que deben valorarse son los puestos de trabajo. Ante este dato, Lissavetzky concluye que las ofertas debían especificar la plantilla con la que pensaban contar. Bastaría con comparar la cifra expuesta en los contratos y el número de trabajadores del servicio antes de la entrada en vigor de los nuevos contratos. Si el número es inferior, resultaría claro que el Ayuntamiento podía deducir con facilidad cuántos despidos iba a provocar “este cambio de modelo de contratación neoliberal que Ana Botella defiende a capa y espada”, ha apuntado Lissavetzky.
Según ha explicado el portavoz, ayer la propia alcaldesa negó este extremo en rueda de prensa sin aportar más datos. Se abren así dos posibilidades: la primera, que la alcaldesa hubiera mentido ayer a los madrileños. Y la segunda, que dichas ofertas no incluyan el dato relativo a los trabajadores, lo cual podría suponer que se presentaron sin las clausulas cubiertas.
“¿Es una incapacidad? ¿Es que Ana Botella y su delegado de área no saben lo que firman? ¿O es un engaño más?”, se ha preguntado Lissavetzky.
Para el portavoz socialista, de entrada el Ejecutivo local ha demostrado un comportamiento “poco democrático” al ocultar la información. De hecho, la copia de los contratos fue solicitada por la concejala socialista Ruth Porta hace más de dos meses –el19 de septiembre pasado– y reiterada la petición el 29 de octubre, sin obtener respuesta alguna.
Por otro lado, Lissavetzky ha destacado que los sindicatos de Tragsa, la empresa pública que cubriría los servicios mínimos y que se encuentra inmersa en un ERE, señalan que sólo podrían entrar en Madrid si se declara la emergencia sanitaria. Al respecto, se pregunta el portavoz si Ana Botella tiene pensado forzar esta declaración mañana, cuando expira el ultimátum que ha lanzado a las partes. Si es así, añade, convendría que fuera avisando ya a la ciudadanía de que vive en una ciudad al borde de una situación de emergencia.
