Madrid, 20 de Enero de 2020.- El responsable de Medio Ambiente y Movilidad en el Grupo Municipal Socialista, Alfredo González, en la Comisión Permanente de Pleno correspondiente al mes de enero, ha asegurado que el Gobierno Municipal lleva siete meses “tomándonos el pelo con la gestión de residuos en Valdemingómez” y considera que “ha llegado el momento de decirles que basta ya de maltratar y engañar a los vecinos del sur de Madrid”.
Para el edil “la gota que colma el vaso” es el desistimiento de un contrato de 12 millones de euros para reducir olores en Valdemingómez, “anteponiendo los intereses de una empresa privada a los derechos de la ciudadanía”.
El contrato se inició en mayo de 2019, incluía toda una serie de actuaciones para reducir olores, como instalación de biofiltros, cerramientos de naves o sistemas de desodorización y el Ejecutivo de la Ciudad alega razones de “interés público” para renunciar a llevarlo a cabo. Se pregunta González qué interés público puede haber en “no actuar para reducir olores y molestias”.
En la memoria argumentan que ya no es necesario por la extensión de la recogida selectiva de residuos orgánicos a toda la ciudad, “algo que ya se sabía a principios de 2019”. Y que hay nuevas mediciones que demuestran que hay menos olores que los detectados por la empresa ODOURNET en 2017, “lo cual sería un auténtico milagro, porque no se ha ejecutado ni uno solo de los seis contratos que se pusieron en marcha en 2017 para disminuir fetideces en las Plantas de Valdemingómez”.
Revela el edil del PSOE que “las únicas beneficiadas son las empresas URBASER Y VERTRESA” –que forman la UTE Las Dehesas que gestiona esta Planta- y que recurrieron los pliegos del concurso porque “entendían que las actuaciones previstas afectaban a la gestión ordinaria de la Planta”. Advierte que el Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid desestimó este recurso, porque iba en contra del proyecto básico aprobado en agosto de 2018 e incorporado al pliego y la UTE había emitido escrito de no oposición el 21 de marzo de 2019.
Subraya el concejal que “si la empresa URBASER hubiera decidido renunciar a la adjudicación, algo que no nos consta, debían haber cumplido la ley y adjudicárselo a la otra empresa que presento la oferta: la UTE COPASA-PESA.
Y señala que “estamos ante un presunto fraude de ley que favorece a dos empresas privadas a costa de los derechos de cientos de miles de vecinos de Madrid”, porque “en el mejor de los casos, estas inversiones para reducir hedores y molestias se van a retrasar más de un año respecto al plazo inicialmente previsto”.
