Los grupos municipales socialistas en los ayuntamientos de Madrid y Sevilla han suscrito una estrategia conjunta para trabajar juntos y coordinar iniciativas políticas destinadas a plantear soluciones a la emergencia habitacional que existe en ambas ciudades y que está generando una crisis social, así como para exigir a sus respectivos gobiernos locales y autonómicos, gestionados por el PP, que apliquen la Ley de Vivienda del Gobierno de España y renuncien a un modelo especulativo donde la vivienda se concibe tan sólo como un negocio.
La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y su homólogo en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, han firmado en Sevilla este documento, que lleva por nombre ‘Alianza por el derecho a la vivienda Madrid&Sevilla’ y que surge a raíz del encarecimiento desorbitado de los precios de la vivienda, acelerado a su vez por la expansión de las viviendas turísticas, que reducen el parque de viviendas destinadas a la compra o el alquiler por parte de familias y jóvenes.
Reyes Maroto ha destacado que los grupos socialistas de Sevilla y Madrid se unen “para hacer fuerza contra las políticas de especulación del PP en nuestras ciudades y plantear soluciones a las necesidades que tienen nuestros vecinos para el acceso a una vivienda digna”.
“Frente a las políticas fracasadas del PP que tienen un nombre: pelotazo urbanístico, los socialistas ponemos las políticas públicas al servicio de la ciudadanía y no de los promotores inmobiliarios. Por eso reclamamos más inversión por parte de los gobiernos municipales en materia de vivienda y el blindaje de la vivienda pública”, ha subrayado Maroto.
“Por mucha VPO que se construya en Sevilla, si no abordamos el problema de la vivienda de forma integral, el crecimiento de los pisos turísticos y el encarecimiento general de la vivienda restarán eficacia a las políticas de viviendas a precio asequible y viviendas sociales, puesto que cada vez habrá más familias y jóvenes que, con sus ingresos, no puedan acceder al mercado general de la vivienda, ni para comprar ni para alquilar”, ha dicho Antonio Muñoz.
La estrategia común se sustenta sobre cinco pilares que pretenden “un modelo de políticas públicas que prioricen el bienestar de las personas, que promuevan la regulación del mercado de la vivienda y que garanticen el acceso a viviendas dignas y asequibles para todos los ciudadanos y ciudadanas, sin distinción”. Primero, declarar los municipios de Madrid y de Sevilla como zonas de mercado residencial tensionado, en cumplimiento de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, de acuerdo con los criterios y procedimientos que estable la normativa reguladora en el ámbito de sus respectivas competencias. Segundo, garantizar la calificación de vivienda con protección pública (VPO) de forma permanente iniciando los cambios normativos necesarios y, consecuentemente, que las VPO no puedan descalificarse.
El tercer pilar se centra en impulsar la construcción de un parque público de vivienda en alquiler con el objetivo de alcanzar el 20 por ciento del parque inmobiliario, mediante la calificación del suelo municipal destinado a uso residencial como suelo de dominio público, a fin de dificultar las futuras enajenaciones del Patrimonio Municipal de Suelo; el traspaso de la titularidad fiduciaria del suelo municipal de uso residencial a las empresas municipales de vivienda; la promoción de manera directa o indirecta los suelos municipales mediante la colaboración con el sector privado en su caso, a través de la fórmula del derecho superficiario; y, por último, la aprobación de un plan de inversiones plurianuales destinado a implementar los programas de vivienda a precio asequible y cubrir la actual demanda de solicitudes de vivienda pública.
El cuarto pilar de la estrategia consiste en incluir en las ordenanzas fiscales del presupuesto municipal aplicar que se aplique a partir 2025 un recargo en la cuota del IBI a los grandes propietarios de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados de forma permanente y que cumplan con los requisitos de la Ley de Vivienda estatal. A tal efecto, se constituirá en ambas ciudades un censo de viviendas vacías que permita una aplicación real y efectiva de este recargo.
Y en quinto y último lugar, la regulación de las Viviendas de Uso Turístico mediante la adopción de las siguientes medidas urgentes: la clausura de todas las VUT ilegales; la puesta en marcha de un plan de choque que refuerce la labor de control, inspección y clausura incrementando el número de inspectores y las sanciones a los infractores; establecer un plan de protección del derecho a la vivienda y el tejido residencial a través de la prohibición de cambio de uso en cualquier edificio residencial con destino hospedaje; y constituir una mesa de trabajo para abordar un modelo turístico sostenible desde el punto de vista económico, medioambiental y social. Como iniciativa más inmediata, se reclama la adopción de una moratoria de licencias de uso turístico mientras continúe la actual situación de emergencia habitacional.
“Tanto en Madrid como en Sevilla rechazamos el modelo especulativo que siguen los actuales gobiernos municipales en ambas ciudades. Porque este modelo ha derivado en un incremento desmedido de los precios de la vivienda, tanto de compra como de alquiler, y ha convertido el derecho a una vivienda digna en un bien inaccesible para una gran parte de la población”, reza el documento firmado.
Así, los grupos municipales socialistas denuncian que el modelo del PP se caracteriza “por el pelotazo urbanístico” que favorece la especulación y hace que el acceso a una vivienda sea una misión imposible para la mayoría de las familias madrileñas y sevillanas, además de expulsar a la población de sus propios barrios por el encarecimiento de la vivienda por la presión de los pisos turístico.
Lejos de intervenir para regular el encarecimiento desorbitado de la vivienda pues su interés es meramente especulativo, tanto los gobiernos municipales como los autonómicos de Madrid y Sevilla se niegan a aplicar la Ley Estatal de Vivienda, cuyo objetivo fundamental poner el suelo y los recursos públicos al servicio del interés general de acceder a una vivienda digna y asequible. Esta ley constituye el mayor instrumento legislativo puesto en marcha en España hasta el momento para garantizar el quinto pilar del Estado del Bienestar, fijando un completo catálogo de medidas que van desde la declaración de zonas tensionadas, que a su vez permite intervenir para limitar los precios, hasta el recargo del IBI para las viviendas que se encuentren desocupadas.
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