• El Ayuntamiento no sabe cómo arbitrar los cambios en la legislación introducidos por la CAM con la vigente normativa municipal.
• La Ordenanza Municipal protege al Rastro y a los que en él conviven y trabajan.
• El PSOE solicita que se declare al Rastro Bien de Interés Cultural.
Madrid, 9 de Febrero de 2011.- La responsable de Economía en el grupo municipal socialista, Isabel Vilallonga, exige al Alcalde y a su equipo de gobierno que “solucione de una vez los problemas que tienen los comerciantes del Rastro madrileño”, para lo que “tienen que renovarles las autorizaciones y licencias que les permiten trabajar allí”, y con esto “se restauraría la plena normalidad que todos deseamos”.
Entiende la edil que “no son de recibo las declaraciones del Alcalde”, acerca que los problemas del Rastro obedecen a la necesaria racionalización del espacio en ese ámbito, “ni tampoco las que aluden a que es un problema de imprenta del nuevo modelo de licencia”, sino que “proceden de los cambios introducidos en la legislación comercial por la Comunidad de Madrid y que el gobierno municipal no sabe cómo arbitrar con la vigente normativa”.
Por un lado, el Rastro de Madrid se rige por una Ordenanza propia, distinta de la de Venta Ambulante, que fue aprobada por el Pleno municipal del 29 de mayo de 2000, y cuya razón de ser se recoge en los artículos 1 y 2 de dicha Ordenanza cuando menciona que “…La presente Ordenanza tiene como objeto la regulación del régimen singular del ejercicio de la venta que se realice fuera de un establecimiento comercial permanente en el Rastro de Madrid….”, y que “….La venta a la que se refiere esta Ordenanza sólo podrá ejercerse en puestos de carácter desmontable situados en la vía pública…”.
Carácter singular del Rastro de Madrid como mercado de venta ambulante, que le viene reconocido por ser uno de los más antiguos de España, por ser un espacio de encuentro social y cultural, y por ser uno de los lugares de referencia a nivel internacional para los turistas que visitan nuestra ciudad. En este sentido, la propia Ordenanza, en su Disposición Adicional señala que “… El Ayuntamiento de Madrid potenciará al Rastro de Madrid….. dado que es un patrimonio cultural del Pueblo de Madrid”
Sin embargo, y frente a esta Ordenanza municipal claramente protectora del Rastro y de los que en el conviven y trabajan, se enfrenta la legislación autonómica de la Comunidad de Madrid, privatizadora de los espacios públicos e impregnada de principios desreguladores, que en su Ley 5/2010, de 12 de julio, de Medidas Fiscales para el Fomento de la Actividad Económica, incluyó hasta tres Disposiciones Transitorias (2ª,3ª y 4ª) que afectaban a este régimen de autorizaciones municipales, creando con ello una verdadera confusión entre los comerciantes ambulantes y estables del Rastro, así como una verdadera complejidad en la tramitación de las licencias de estos por los servicios municipales.
Para Vilallonga, “el resultado es que el gobierno municipal está preso de la inactividad, echa balones fuera y no responde adecuadamente a los intereses de los más de 3.500 comerciantes y vendedores del Rastro, sino que, por el contrario, hace aumentar la inquietud de estos y siembra las dudas sobre el futuro”.
La Concejala socialista exige del gobierno municipal que defienda los intereses de estos trabajadores, y que dé un paso más protegiendo este bien patrimonial de los madrileños, declarando el Rastro como Bien de Interés Cultural.
También exige, y esto no deja de ser una anécdota más, que “la web municipal no censure las noticias que procedentes de la asociaciones de vendedores del Rastro critican al Alcalde o que limite el acceso a determinadas informaciones relacionadas con este conflicto”.
