PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID- PROPOSICIÓN SOBRE VIVIENDA

Mercedes González apela a un Pacto de Estado por la vivienda en España: “la vivienda es un derecho social, no una mercancía”

26/09/2018

•    El PSOE y Ahora Madrid han acordado una proposición en el pleno municipal para resolver un problema que empieza a convertirse “en un factor de exclusión y segregación social que no podemos permitir”, ha indicado Mercedes González.


•    Partido Popular y Ciudadanos han votado en contra.


•    La propuesta solicita que el Gobierno estudie la viabilidad jurídica de una prórroga que impida el incremento de los contratos de alquiler mientras se modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos.


•    El 40% de los asalariados, en especial los que perciben los sueldos más reducidos, no pueden acceder a una vivienda en propiedad  ni a una de alquiler privado. 


•    El parque público de viviendas en alquiler en Madrid apenas representa un 1,5%.


•    Además pide la promoción de un programa de suelo para levantar viviendas protegidas, de un parque público de viviendas en alquiler y de un plan de rehabilitación y renovación urbana de la Comunidad de Madrid.


•    Al no aportar los fondos acordados, el PP autonómico ha hecho perder a Madrid 65 millones del Plan Estatal de Vivienda


Madrid, 26 de septiembre.-
La portavoz socialista en Desarrollo Urbano Sostenible, Mercedes González, ha reclamado un Pacto por la Vivienda en España que dé respuesta a las dificultades de acceder a un piso de precio asequible. “Es un problema que empieza a convertirse en un factor de exclusión y segregación social que no podemos permitir”, ha indicado la concejala, que ha subrayado que la vivienda es un derecho constitucional “y no una mercancía”, como han entendido los gobiernos del Partido Popular en las distintas administraciones al favorecer el desarrollo de viviendas en propiedad en detrimento de la promoción de pisos protegidos.

De hecho, González ha explicado que si las viviendas protegidas construidas en los últimos 30 años no se hubiesen dedicado a la modalidad de compraventa, “hoy tendríamos en nuestro país más de 2,2 millones de viviendas protegidas en alquiler”.

Este escenario hipotético poco tiene que ver con la realidad: En Madrid, el parque público de viviendas en alquiler apenas alcanza el 1,5% y el esfuerzo económico que un ciudadano tiene que hacer para pagar un alquiler ha pasado del 33,3% de su salario en 2013 a un 38,5% en 2017. “Y en el caso de los salarios más reducidos, que son frecuentes en los nuevos empleos, la situación se ha complicado aún más porque el esfuerzo ha crecido hasta el 65,6% en 2017”, ha matizado González.

La edil ha denunciado que “la realidad es que el 40% de los asalariados, en especial los que perciben los sueldos más reducidos, no solo no pueden acceder a una vivienda en propiedad sino que tampoco pueden acceder a una vivienda de alquiler privado”.

La precariedad del mercado de viviendas de alquiler se confirma con los lanzamientos judiciales derivados de impagos, que siguen aumentando. Son tres los factores que, a su juicio, afectan a la oferta de arrendamientos: los alquileres turísticos, la venta de viviendas antes arrendadas por culpa de la crisis y la venta de promociones públicas a fondos de inversión.

“Esta realidad implica que sea necesario aumentar la oferta de viviendas de alquiler, lo que exige programar un amplio conjunto de medidas y, sobre todo, que exista política de vivienda a nivel estatal, autonómico y local. En nuestras manos está revertir esta situación y proteger el derecho de todos a vivir dignamente. Y para ello, necesitamos el concurso de todos porque necesitamos un Pacto de Estado por la vivienda en España”

¿Qué pueden hacer las administraciones?

Según la iniciativa aprobada hoy, el Ayuntamiento de Madrid ha instado al Gobierno a modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para restablecer el equilibro entre arrendadores y arrendatarios, desestabilizado tras la reforma de 2013 y “salvaguardando la estabilidad posesoria de los inquilinos”.

Al Gobierno de España también se le pide la modificación de la Ley del Suelo para incrementar la reserva de parcelas dedicadas a vivienda dotacional y que el Gobierno estudie la viabilidad jurídica de una prórroga que impida el incremento de los contratos de alquiler mientras se modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos. No se olvida de reclamar la colaboración del ICO con líneas de financiación para construir un parque público en alquiler por parte de las administraciones autonómica y local y, además, mejorar y reorientar el Plan Estatal 2018-2021.

Mercedes González ha convocado también al Gobierno de la Comunidad de Madrid, “que no puede seguir estando ausente de políticas de vivienda, cuando tiene la competencia exclusiva en esta materia”. La portavoz socialista ha lamentado que los madrileños hayan perdido 65 millones de la aportación estatal del plan estatal porque la Comunidad de Madrid no ha aportado “los escasos fondos que debería, como sí han hecho el resto de las comunidades autónomas”

La socialista ha reclamado a Ángel Garrido un plan regional de vivienda y un gran acuerdo por la vivienda protegida con la intervención de todos los agentes públicos y privados, acuerdo que contenga medidas como un programa de suelo para viviendas protegidas, un parque público de viviendas en alquiler y un plan rehabilitación y renovación urbana para que en ocho años desaparezcan las más de 167.000 viviendas que aún existen en la Comunidad de Madrid.

Finalmente, Mercedes González también ha exigido al Ayuntamiento de Madrid que desarrolle sus competencias en vivienda para resolver el problema. ¿Cómo? Impulsando un parque público de vivienda en alquiler -“iba a construir en este mandato 4.100 viviendas”, ha recordado- constituyendo un fondo social de vivienda y potenciando el servicio municipal de alquiler de la EMVS, entre otras.