LOS SOCIALISTAS HAN REGISTRADO ANTE LA UE UNA DENUNCIA POR LA VENTA DE VIVIENDAS PÚBLICAS DE LA EMVS A UN FONDO BUITRE

Mercedes González: “Agotaremos todas las vías jurídicas posibles para defender a los afectados y el patrimonio público de Madrid”

02/10/2017

•    Tras registrar la denuncia en la Secretaria General de la Comisión Europea, la portavoz en Urbanismo del Grupo Municipal Socialista, Mercedes González, ha explicado que la operación propiciada por el PP en 2013 “ha podido vulnerar” las normas europeas sobre mercado interior y sobre derecho de la competencia.

•    González ha subrayado que el Grupo Municipal Socialista está dispuesto a “agotar todas las vías jurídicas posibles” en defensa del patrimonio público y de los afectados por una operación calificada de “ilegal” por algunos de los comparecientes en la Comisión de Investigación del Ayuntamiento de Madrid a la que no acudieron los responsables políticos del PP.

•    También ha lamentado que Ahora Madrid haya incumplido los compromisos adquiridos con los afectados: “El gobierno de Ahora Madrid anunció en septiembre de 2016 una serie de medidas judiciales que aún no ha puesto en marcha”.

Bruselas, 2 de octubre de 2017.-

La portavoz socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, Mercedes González, ha asegurado que el Grupo Municipal Socialista está dispuesto a “agotar todas las vías judiciales posibles para defender el patrimonio público de los madrileños y en concreto los derechos de los afectados” por la venta de más de 5.300 inmuebles públicos –1.800 de ellos eran viviendas de titularidad municipal- a la sociedad instrumental Fidere, en 2013 y bajo el mandato de la regidora del PP, Ana Botella. “Fue un robo a todos los madrileños y en especial a las familias que vivían en ellas”, ha añadido la concejala.


La operación, que ha sido calificada de ilegal por varios de los comparecientes en la Comisión de Investigación celebrada en el Ayuntamiento y a la que no acudió ninguno de los responsables políticos del PP, “fue un traje a la medida de un fondo buitre, cosido por el gobierno de Ana Botella y en perjuicio de los madrileños”, ha destacado González tras registrar en la Secretaría General de la Comisión Europea la denuncia planteada por el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de la capital.


Los socialistas denuncian que la enajenación de patrimonio público por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) pudo vulnerar las normas europeas sobre mercado interior (concretamente las de mercados públicos) y pudo transgredir el derecho de la competencia al vender 18 promociones de viviendas de protección pública (5.315 inmuebles en total) a Magic Real Estate y Blackstone Group International Partners.
Alegan, como también hizo el informe de la Cámara de Cuentas, que se distorsionó la libre concurrencia de los licitadores en la venta de las 18 promociones y que el procedimiento adoptado bloqueó, por un lado, los principios de libre acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia en los procedimientos y, por otro, los principios de no discriminación e igualdad de trato entre los posibles candidatos a la compra.


Se usaron, argumenta la denuncia, “acuerdos entre empresas, y prácticas concertadas que pueden afectar al comercio entre los Estados miembros y que tuvieron por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la transparencia y la libre concurrencia entre empresas dentro del mercado interior y, en particular, los que consistían en:  fijar directa o indirectamente los precios de venta u otras condiciones de transacción; aplicando a terceros condiciones desiguales, que ocasionaron a éstos una desventaja competitiva, o impidieron la libre concurrencia al proceso de enajenación de activos de la citada EMVS”.


“En nuestra opinión” -ha detallado la concejala socialista- “estas circunstancias vulneran la legalidad que debería haberse seguido en estas enajenaciones patrimoniales por parte de la EMVS. Por ello hemos pedido a la Comisión Europea que se pronuncie”.


Por otro lado, Mercedes González también ha lamentado que el gobierno de Ahora Madrid haya incumplido los compromisos jurídicos que adquirió con los afectados. En septiembre de 2016, el gobierno municipal emitió un comunicado de prensa en el que anunció varias acciones judiciales que, un año después, aún no ha puesto en marcha. 


El proceso de adjudicación
La venta de viviendas objeto de la demanda comenzó públicamente con un anuncio en el diario El País el 3 de mayo de 2013. En él, se recogen las promociones en venta, las principales condiciones que debían reunir las ofertas, que debían realizarse sobre la totalidad de las promociones y que debían mantenerse los contratos vigentes hasta su vencimiento.


Se recibieron cuatro ofertas firmes y una carta. Las ofertas correspondían a Harbor Group International LLC y Álvarez & Marsal Capital Real Estate LLC; Azora y Morgan Stanley REF VII Global-GP; Lone Star Real Estate Fund y Magic Real Estate y Blackstone Group International Partners LLC. La carta correspondía a Goldman Sach y se limitaba a presentar interés por el proceso de enajenación, por lo que no se consideró como una oferta en firme.


En la siguiente negociación entre los ofertantes, Lone Start fue descartada. El 3 de junio, el Consejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé, comunicó telefónicamente a los representantes de Harbor Group International LLC y Álvarez & Marsal Capital Real Estate LLC, que habían sido adjudicatarios. Dos días más tarde, la EMVS les solicitó una oferta definitiva y vinculante, aunque al día siguiente, 6 de junio, Oslé les comunicó por carta que “se ha detectado un error y el proceso aún no se ha cerrado”.


Las ofertas presentadas definitivamente fueron: Azora-Morgan Stanley, de 118,5 millones de euros; Magic Real Estate-Blackstone Group International Partners, 127, 5 millones de euros; Harbor Group International LLC y Álvarez & Marsal, 130 millones de euros. La oferta más ventajosa fue, según el informe de valoración, la correspondiente a Blackstone (sin ser la más beneficiosa económicamente), lo que provocó la denuncia de Harbor Group ante la EMVS y el Ayuntamiento. 


Posteriormente, Blackstone designó a Fidere Gestión y Fidere Vivienda como sociedades suscriptoras de las escrituras de compra. A mediados de julio, Blackstone consigue una rebaja del precio de dos millones de euros al alegar que la morosidad en el pago de las rentas (de los inquilinos) es superior a lo reconocido por la EMVS. No hay informe de ello.


Paralelamente y a pesar de que no aparecían en el anuncio de prensa, Blackstone realiza otra oferta por elementos no vinculados. Las otras empresas no pugnaron por ellos, una circunstancia que puede indicar la posición privilegiada de la empresa adjudicataria. El 24 de julio de 2013, el Consejero Delegado de la EMVS informa de la elección definitiva de la oferta de Blackstone por 128,5 millones de euros y tres millones más por los inmuebles no vinculados. El 31 de octubre se firman las escrituras.


Opacidad y ausencia de requisitos exigibles
Mucho antes del anuncio de la venta de las 18 promociones (3 mayo 2013), la EMVS había recibido ofertas de compra de las viviendas públicas, “lo que pone de manifiesto que ya existían actuaciones claras relacionadas con la voluntad de vender esas 18 promociones, sin que se hubiera instruido un proceso formal de venta por la EMVS basado en las Instrucciones internas de contratación, ni norma administrativa estatal, autonómica o local alguna”, recoge el PSOE en su denuncia.


De hecho, el Informe de la Cámara de Cuentas concluye que “esta operación de intermediación inmobiliaria distorsiona la concurrencia de los licitadores en las enajenaciones de inmuebles ya que estas empresas se encargan de buscar a los licitadores, lo que resulta contrario a los principios de libre acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia en los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos previstos en el artículo 1 TRLCSP, y recogidos en las Instrucciones internas de contratación de la EMVS”.


El mismo órgano fiscalizador también apunta a que “se ha puesto de manifiesto el defecto fundamental de este proceso, el de las inexistencias del Pliego de Condiciones, de la Mesa de contratación, de los criterios de valoración de las ofertas, etc., que invalidan, por sí mismas, las actuaciones del proceso general utilizado en esta venta de inmuebles. Y careciendo de los requisitos formales necesarios para garantizar el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación al que debe ajustarse la contratación de la EMVS”


El precio lo puso el comprador
Los socialistas denuncian además que la EMVS no estableció ningún precio de referencia público en la venta de las 18 promociones. “Ni en el anuncio publicado ni en el perfil del contratante no existe ninguna mención a un precio, ni siquiera estimado”, ha subrayado Mercedes González, que ha continuado: “fue el comprador y no la EMVS quien realiza la tasación”.


Un informe reciente encargado por la EMVS a una entidad tasadora oficial establece este precio en casi 250 millones de euros. Sin embargo, la Cámara de Cuentas calculó que el valor del conjunto de 18 promociones enajenadas superaría los 288 millones de euros.


Madrid perdió 162 millones
Si se añade que Blackstone adquirió también 25 locales, 62 garajes y 2 trasteros no vinculados por aproximadamente 3,4 millones euros, la cifra supondría al menos 291,4 millones de euros. “Todo el procedimiento es un escándalo- ha apuntado la edil socialista- y entre sus consecuencias está el perjuicio patrimonial ocasionado a la EMVS y por tanto a los madrileños, que sería superior a 162 millones de euros”
Sin informes de la intervención general


La denuncia planteada por el Grupo Municipal Socialista sostiene que no se cumplieron los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad en la enajenación de estos activos, una infracción reconocida en la Comisión de Investigación municipal por la entonces Interventora General del Ayuntamiento de Madrid y por la Subdirectora general de Control de Auditoría.


“Nunca se realizó la fiscalización del control financiero de la Intervención, que es el trámite para verificar el respeto a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad”, ha indicado la portavoz socialista.


“Cuanto más hemos averiguado sobre el procedimiento de venta, más irregularidades hemos visto. La consecuencia es que se ha perjudicado a los inquilinos de estas viviendas y Madrid ha perdido un importante valor de su patrimonio como consecuencia de una operación opaca e irregular amparada por el gobierno del Partido Popular. Europa tiene que considerar este asunto”, ha finalizado.