El Grupo Municipal Socialista denuncia ante la Comisión Europea la venta “ilegal” de viviendas de la EMVS a un fondo “buitre”

02/10/2017

•    Los socialistas consideran que la venta de 18 promociones de vivienda de protección pública a una sociedad instrumental pudo vulnerar las normas sobre mercado interior y transgredir el derecho de la competencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la UE.

•    La portavoz socialista en Urbanismo, Mercedes González, registrará la denuncia hoy mismo en la Secretaría General de la Comisión Europea.

•    La denuncia ante la UE continúa las acciones judiciales del Grupo Municipal Socialista, que siempre se ha manifestado en contra de la venta de más de 5.000 inmuebles públicos a Fidere durante el mandato de Ana Botella.

Madrid, 2 de octubre de 2017.- La portavoz en Urbanismo del Grupo Municipal Socialista, Mercedes González, registrará esta mañana en la Comisión Europea una denuncia contra la venta de más de 1.800 viviendas -más locales, trasteros y garajes, hasta llegar en total a 5.315 inmuebles de titularidad pública- a la sociedad instrumental Fidere, durante el gobierno de Ana Botella, en 2013. 

Los socialistas consideran, y así lo argumentan en el escrito, que la operación pudo vulnerar las normas sobre mercado interior –en concreto la de mercados públicos- y pudo transgredir también el derecho de la competencia recogido en los artículos 101 y siguientes del Tratado de Funcionamiento de la UE.

Los argumentos que se exponen en la denuncia coinciden con el Informe de la Cámara de Cuentas: se distorsionó la libre concurrencia de los licitadores en la venta de las 18 promociones y el procedimiento adoptado bloqueó, por un lado, los principios de libre acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia en los procedimientos y, por otro, los principios de no discriminación e igualdad de trato entre los posibles candidatos a la compra.

La denuncia ante instancias europeas forma parte de las acciones judiciales que emprendió el Grupo Municipal Socialista desde el momento en el que se conoció la enajenación de este patrimonio municipal -18 promociones de vivienda pública- en una transacción plagada de defectos e irregularidades que suscitó, además, la celebración de una Comisión de Investigación en el Ayuntamiento de Madrid a la que no acudieron ninguno de los responsables políticos de la operación.